Con el objetivo de abrir un debate sobre el futuro del financiamiento del sistema escolar en Chile, se presentó el policy brief “Financiamiento de la educación escolar: propuestas desde el valor público”, elaborado por investigadores del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (Eduinclusiva).
La actividad se realizó el 17 de diciembre de 2025 en la PUCV Santiago, en Providencia, y fue presidida por la Dra. Verónica López, directora de EduInclusiva; académicos; representantes de organismos internacionales y especialistas en política educativa, en un espacio de reflexión sobre los desafíos estructurales de la enseñanza escolar y las oportunidades para avanzar hacia un modelo más equitativo, sostenible e inclusivo.
La exposición principal estuvo a cargo de Pablo González, profesor investigador de la FEN UNAB e investigador principal de la línea Valor Público y Educación de Eduinclusiva PUCV, junto a Luis González, investigador del mismo centro y coautor del documento. En su presentación, González sostuvo que el sistema de financiamiento escolar chileno, históricamente basado en el subsidio a la demanda y en una amplia participación privada, permitió una expansión relevante de la matrícula, pero también generó incentivos que han profundizado la segregación y debilitado la colaboración entre establecimientos.
Tras su ponencia, el documento fue comentado por Amanda Telias, especialista en educación de UNICEF; Harald Beyer, ex ministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno PUC; y Juan Pablo Valenzuela, investigador del CIAE. Los panelistas coincidieron en la relevancia de abrir una discusión de largo plazo sobre el rol del Estado, la gobernanza del sistema educativo y la necesidad de que el financiamiento contribuya efectivamente a garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.
El financiamiento como medio para producir valor público
Desde el enfoque de valor público, Pablo González enfatizó que el financiamiento debe subordinarse a los fines que la sociedad define para su sistema escolar, poniendo en el centro las capacidades que niños, niñas y adolescentes deben desarrollar a lo largo de su trayectoria educativa.
El investigador explicó que una de las propuestas centrales del policy brief es fortalecer el rol de la educación pública como referente de calidad para todo el sistema, avanzando en la creación de mecanismos de apoyo compartidos, que aprovechen economías de escala y nuevas oportunidades tecnológicas, incluida la inteligencia artificial.
Asimismo, advirtió que el actual esquema de subvenciones no cubre adecuadamente los costos reales de distintas modalidades de enseñanza, especialmente en ámbitos clave para la inclusión. En ese sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia una fórmula explícita de financiamiento, basada en costos reales y actualizables en el tiempo, que considere variables como ruralidad, contexto territorial y características de los estudiantes, incluyendo a aquellos con discapacidad, así como a establecimientos hospitalarios o en contextos de privación de libertad.
Miradas críticas y desafíos de política pública
El documento fue comentado por Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la U. de Chile, quien valoró el enfoque analítico del policy brief y su revisión de la literatura internacional, destacando que el texto evita posicionarse de manera dicotómica entre financiamiento a la oferta o a la demanda. A su juicio, el principal aporte del enfoque de valor público es mostrar que ambos mecanismos comparten problemáticas estructurales y que la discusión debe centrarse en las fallas concretas que el sistema chileno necesita resolver.
Desde otra perspectiva, Harald Beyer, académico de la Escuela de Gobierno PUC, destacó que todo sistema escolar persigue múltiples propósitos que están en tensión —como inclusión, calidad, libertad de enseñanza y cohesión social—, y que estas tensiones se reflejan inevitablemente en los instrumentos de financiamiento. A su juicio, el desafío central no es reemplazar la subvención, sino repensar su diseño y su articulación con otros instrumentos de política pública.
Beyer sostuvo que el sistema actual no logra armonizar adecuadamente estos propósitos y que la proliferación de subvenciones específicas refleja la ausencia de una reflexión estratégica de largo plazo. En esa línea, planteó la necesidad de volver a una estructura de costos clara, que permita definir estándares y ordenar las prioridades del financiamiento de acuerdo con los objetivos que el país busca alcanzar en el ámbito escolar.
El financiamiento desde un enfoque de derechos
La discusión fue complementada por Amanda Telias, especialista en educación de UNICEF, quien destacó que el enfoque de valor público adquiere mayor densidad cuando se vincula con los compromisos normativos y jurídicos del Estado. En su intervención, subrayó que el derecho a la educación, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, no se limita al acceso, sino que incluye la permanencia, la calidad, la pertinencia y la inclusión.
Telias relevó que marcos recientes, como la Ley de Garantías de la Niñez y Adolescencia y la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2023–2032, refuerzan la responsabilidad del Estado de asegurar trayectorias educativas continuas, protegidas y de calidad, entendiendo la educación como una condición habilitante para el ejercicio de otros derechos. Desde esa mirada, señaló que el financiamiento debe concebirse como parte de un piso de protección social, orientado a reducir brechas territoriales y sociales, y no solo como una herramienta de asignación de recursos.
Un debate abierto y de largo plazo
La jornada concluyó con un llamado transversal a profundizar el debate público sobre el financiamiento del sistema escolar, incorporando evidencia empírica, enfoques interdisciplinarios y una mirada estratégica de largo plazo. Los participantes coincidieron en que avanzar hacia un modelo más coherente y justo es clave para garantizar el derecho a la educación y fortalecer la inclusión, el aprendizaje y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en Chile.
