La emergencia de salud pública (COVID 19) que ha afectado al mundo durante los últimos meses ha obligado a los gobiernos a implementar medidas para intentar no sólo controlar la propagación de un virus sobre el cual aún hay muchas interrogantes sino a la vez enfrentar los fuertes impactos que se están produciendo en diferentes niveles.
En el ámbito educativo, en el caso de Chile, durante marzo las autoridades gubernamentales anunciaron la suspensión de clases presenciales en colegios y proporcionaron alternativas para generar aprendizajes a distancia –utilizando internet como principal plataforma– y a la vez, adelantaron las vacaciones de invierno.
Durante este período, el Ministerio de Educación ha manifestado con claro énfasis la intención de acelerar el regreso a clases presenciales una vez cumplido el período de vacaciones, haciendo múltiples anuncios con diferentes fechas: primero abril, luego mayo, manteniendo actualmente en suspenso el momento del retorno gradual.
Como Centro de Investigación para la Educación Inclusiva nos manifestamos en desacuerdo con el retorno gradual a clases durante mayo ya que no garantiza las condiciones mínimas necesarias para retomar la actividad educativa. Por el contrario, y sobre la base de evidencia científica, constituye un riesgo para la comunidad educativa y las familias que forman parte de ella, así como para el control de la pandemia.
Enfatizamos en la necesidad de generar un espacio de diálogo y trabajo de expertos en salud pública con representantes del sistema educativo –docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes– con el fin de asesorar a la autoridad en la confección de recomendaciones y orientaciones viables para cuando llegue el momento adecuado de volver a clases.
Consideramos que deben existir las siguientes condiciones cuando llegue ese momento:
- Garantía de seguridad sanitaria para la comunidad educativa.
- Garantía de condiciones para un buen aprendizaje y convivencia.
- Planificación, implementación y fortalecimiento de iniciativas enfocadas en la salud mental de la comunidad educativa.
- Replanteamiento participativo de los objetivos curriculares y metodologías de enseñanza.
- Desactivación o readecuación de sistemas de evaluación y/o pruebas estandarizadas con altas consecuencias.
- Resguardo de recursos económicos, materiales y de personal para el funcionamiento de las escuelas y de programas que han resultado exitosos.
- Apoyo focalizado a las comunidades más vulnerables.
- Fortalecimiento de acciones que permitan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas.
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