Investigadores del Centro presentaron evidencia reciente sobre convivencia escolar, políticas educativas, participación democrática y tensiones del sistema, en un encuentro que reunió a docentes, autoridades locales, organizaciones territoriales y comunidades pertenecientes a escuelas y liceos de Valparaíso.
El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (EduInclusiva PUCV) tuvo un rol protagónico en el 2° Congreso Comunal de Pedagogía y Educación, que convirtió a Valparaíso en un espacio de reflexión crítica sobre el presente y futuro de la educación pública en Chile.
En la mesa de apertura, titulada “La escuela como proyecto democrático: Cuidado, participación y dignidad en el financiamiento”, la Dra. Verónica López, directora de EduInclusiva PUCV, presentó resultados de proyectos FONIDE y FONDECYT que analizan la convivencia escolar en la última década. “Desde el 2014 en adelante se observan mejoras sostenidas en 4° básico y, en cambio, retrocesos en 2° medio”, explicó. Uno de los hallazgos centrales es que las brechas entre escuelas públicas y colegios particular pagados se han reducido significativamente, pero no por razones lineales: “Las escuelas con financiamiento público han mejorado de manera sostenida, mientras que los reportes de estudiantes de colegios particular pagados muestran un deterioro”, señaló.
La investigadora destacó el rol de la inversión pública en convivencia escolar: “Los colegios particulares pagados no están obligados a tener equipos de convivencia ni pueden optar al Programa de Integración Escolar (PIE), mientras que las escuelas públicas sí pueden fortalecer equipos multiprofesionales.
La convivencia y la inclusión tienen costos, y esos costos permiten apoyar mejor a docentes y estudiantes”. Estos resultados, indicó, dialogan con las cifras más recientes del SIMCE: mejoras en 4° básico, estancamiento en 2° medio, y una disminución de brechas entre establecimientos.
En este contexto, el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, indicó que “nos interesa lo que ocurre dentro del aula: los aprendizajes, las relaciones que se construyen allí y el sentido social y político de la educación. Estas reflexiones deben surgir desde quienes están en la primera línea —las y los docentes— porque son ellos quienes viven cotidianamente este fenómeno central que es educar”.
Aguilar mencionó que en este encuentro se conversa sobre financiamiento y, especialmente, sobre convivencia escolar, porque “probablemente son los temas más urgentes y más mencionados cuando se visita una escuela y se habla con los profesores”.
Para el dirigente gremial la preocupación frente a esta temática no solo está en la prevención, sino también en cómo la violencia se va instalando como forma cotidiana de relación. “La convivencia es un tema profundamente complejo y, sin embargo, muchas veces se ofrecen soluciones fáciles: aumentar expulsiones, instalar torniquetes, detectores de metales, rejas o cámaras. Son medidas que suenan simples, fáciles de anunciar, pero que la evidencia internacional muestra que resultan ineficaces”, concluyó.
Políticas que obstaculizan el trabajo educativo
En su conferencia “Políticas diseñadas para fallar y el trabajo de hacer educación”, el investigador de EduInclusiva, Dr. Vicente Sisto, analizó los nudos críticos de las reformas implementadas desde 2015, especialmente aquellas vinculadas al Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Ley General de Educación, la Nueva Educación Pública y la Carrera Docente.
“Un nodo crítico que atraviesan las políticas educativas de los últimos 10 o 15 años es el énfasis excesivo en los estándares y en las pruebas estandarizadas”, afirmó. Recordó que la Ley General de Educación define la calidad en función de lo medido por el Sistema de Aseguramiento: “Así, el deber del Estado se traduce en producir buenos puntajes. ¿El resultado? Muchas escuelas entrenan para el SIMCE en vez de educar”.
Asimismo, el investigador advirtió que las evaluaciones estandarizadas ignoran la realidad de la educación pública: “En los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) se atiende al 80% de la población más pobre, a un 20% de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y a un 14% de estudiantes migrantes. La práctica docente efectiva en estos contextos es profundamente colaborativa, una forma de ‘democracia territorializada’ que las políticas actuales no reconocen”.
Participación y territorio en la Nueva Educación Pública
Carolina Badillo, profesional perteneciente a la línea de “Políticas y Prácticas de Gestión para la Inclusión” de EduInclusiva, presentó la ponencia “Entre tecnocracia y comunidad. La participación como una forma de disputa en la nueva educación pública”. Su exposición se basó en un estudio longitudinal desarrollado en Valparaíso y Tamarugal sobre la implementación de la Ley 21.040 que crea los SLEP. El análisis muestra cómo las comunidades escolares viven el proceso de desmunicipalización, cuáles son sus tensiones y cómo la participación se convierte en un espacio clave de disputa frente a lógicas tecnocráticas que aún predominan en la gestión educativa.
