El Centro Eduinclusiva ha propiciado estos encuentros en el marco de proyecto Fondecyt liderado por su directora Verónica López
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Estudiantes, apoderados, profesores y directores están participando de mesas donde analizan los resultados de un proyecto de investigación dirigido por Verónica López que aborda la relación entre las políticas/prácticas de castigo y la convivencia en establecimientos educacionales chilenos.
Este proyecto Fondecyt Regular 1140960, impulsado por la Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Verónica López, explora las medidas disciplinares habituales que se usan en las salas de clases chilenas como la suspensión o expulsión del estudiante, las que son denominadas ‘punitivas’, por cuanto no buscan el diálogo ni la reparación.
Por otro lado, desde la evidencia científica se han establecido que las prácticas inclusivas, democráticas y pacíficas, favorecen el aprendizaje y la convivencia escolar.
De tal manera, la investigación propone que hay una relación negativa entre las prácticas de castigo y estos tres tipos de medidas formativas de convivencia en las escuelas chilenas, y sus resultados fueron debatidos por comunidades escolares en mesas participativas.
Así, profesores, estudiantes, directivos y apoderados compararon esta investigación con las realidades que viven en sus establecimientos educacionales.
Apoderados y alumnos coincidieron en reconocer el uso habitual de estas prácticas punitivas, aunque varían en sus formas, por ejemplo a algunos estudiantes se mandan a inspectoría, mientras a otros se les deja en el patio, “a los niños más desordenados se le saca de la sala y yo creo que sería mejor ayudarlos a ver por qué pasan esas cosas y así tratar de que puedan aprender más ellos y también el resto”.
En tanto, profesores afirmaron que el desafío es implementar prácticas formativas en sus escuelas y trabajar más en la convivencia escolar como un equipo, “no sólo una persona en particular”, aseveró la profesora del colegio Nazca Belén de Quilpué, Lucía Sepúlveda.
Hugo Díaz, encargado de la Unidad de Comunicación y Denuncia de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, destacó que “este estudio ayuda a dimensionar que lo formativo debiese tener prioridad por sobre la sanción”.