Autora: Verónica López, Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva.
Como parte de la fundamentación del proyecto de Ley “Admisión Justa” impulsado por el Ejecutivo con el fin de perfeccionar el sistema escolar considerando criterios de mérito y justicia, se citan datos del informe 2015 de la OCDE que indican que países como Holanda, Alemania, Singapur, Canadá, Suiza, Bélgica y Japón tienen altos niveles de selección académica.
Sin embargo, este argumento, también mencionada por los señores Arturo Fontaine y Sergio Urzúa en medios de circulación nacional, omite información de ese mismo informe que resulta clave para el análisis.
La OCDE sostiene que la selección académica contribuye, modestamente, a mejores rendimientos en la prueba PISA, a la vez que reconoce que la selección académica es una forma de estratificación que atenta contra la inclusión académica.“Mientras más estratificado esté un sistema escolar más probable es que los estudiantes desaventajados sean puestos en los ambientes de aprendizaje menos académicos o menos demandantes”, plantea la organización internacional.
Escuelas buenas donde a todos los estudiantes les va bien y escuelas malas donde a todos los estudiantes les va mal; esto es lo que la OCDE entiende por sistemas educativos de exclusión académica y es lo que aún tenemos en nuestro sistema escolar.
Por el contrario, dice la OCDE, en un escenario de inclusión académica perfecta todas las escuelas tendrían el mismo desempeño académico y sólo habría diferencias al interior de ellas, donde los estudiantes tendrían distintos niveles de desempeño académico.
Lo que sugiere, entonces, el informe OCDE 2015 es que la selección académica, como una de varias formas de estratificación de los sistemas educativos, atenta contra la inclusión académica ya que aumenta la brecha del desempeño académico entre escuelas a costa de los estudiantes desaventajados.
“El precio de la segregación social en Chile ha sido una extrema concentración de alumnos desaventajados en escuelas desaventajadas, lo que amplifica en cinco veces las desventajas individuales de origen de cada uno de estos alumnos”, afirmó el Director de Educación de la OCDE y Coordinador de la prueba PISA en entrevista con un diario de circulación nacional en 2014.
Dicha afirmación está vigente. En efecto, nuestros propios análisis de la prueba PISA en Chile (FONIDE N° 11130) dan cuenta que tanto el nivel socioeconómico del estudiante como la selección académica son las variables que más predicen el rendimiento académico de los estudiantes chilenos.
Así, por ejemplo, los resultados de nuestro estudio muestran que por cada punto de aumento en la medida del nivel socioeconómico de los padres aumenta en más de 30 puntos el rendimiento en la prueba PISA de matemáticas, y que en aquellos establecimientos educacionales en los que la selección académica es siempre utilizada también aumenta en más de 30 puntos el rendimiento. Nótese que esta es la misma variable a la que hace alusión la justificación del proyecto Admisión Justa.
Al analizar los datos de la prueba SIMCE 2015 constatamos que el 58% de la variación (varianza) en la prueba matemáticas entre escuelas es explicado por el nivel socioeconómico alto y sexo varón. En otras palabras, hasta antes de la Ley de Inclusión, si un sostenedor trabajaba únicamente con estudiantes de nivel socioeconómico más alto y de sexo varón había un 58% de probabilidad de obtener mejores resultados en la prueba SIMCE.
Si a eso se agregaba el contar con estudiantes que habían tenido un buen rendimiento previo en la prueba SIMCE 2013, la probabilidad de que la escuela lograra un buen puntaje SIMCE 2015 subía a un 88%.
Vemos, entonces, como no da lo mismo tener o no tener estudiantes con buen rendimiento académico previo para obtener buenos resultados SIMCE.
La diferencia es enorme y nada tiene que ver con el “valor agregado” de la escuela pues solo implica seleccionar a los estudiantes según las características de origen de sus familias.
En nuestra investigación FONIDE mostramos que parte de este “valor agregado” era explicado por el ambiente escolar, lo que era particularmente importante en establecimientos municipales donde incluso lograba “torcer la mano” a la recta estadística del determinismo social dado por el nivel socioeconómico.
Así, la investigación educativa y la propia OCDE apoyan aquel “sentido común” que plantea como injusto el proyecto de Ley Admisión Justa por intentar hacer competir a los estudiantes pobres para ingresar por vía del mérito académico a la única educación de calidad a la que podrán optar todos los estudiantes nacidos en “cuna de oro”, independiente de su mérito personal.
Si bien este ingreso puede servir de “ascensor social”, como señala el señor Fontaine en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, lo hace a expensas de los estudiantes que no son seleccionados y que tendrán menos posibilidades de estudiar con pares más aventajados que ellos en lo académico. Y resta a todos los estudiantes de aprender desde y con la diversidad.
Si bien la Ley de Inclusión Escolar ha buscado avanzar hacia un sistema más justo e inclusivo no garantiza la posibilidad de que todos los estudiantes tengan trayectorias escolares continuas. Lamentablemente, ese es un privilegio reservado, en la mayoría de los casos, para las escuelas privadas; el resto de los estudiantes debe necesariamente transitar de una escuela a otra.
La educación inclusiva debe justamente incluir también a los estudiantes pobres con talento académico pero no segregándolos en escuelas especiales para los meritorios, como los liceos emblemáticos o de excelencia, ni a expensas del resto de los estudiantes. Existen otras formas de atender a sus necesidades educativas y en este ámbito los programas de enriquecimiento intra- y extracurricular son experiencias significativas para compartir.
Si la Ley Aula Segura propuso la exclusión por la vía de sacar las “manzanas podridas”, hoy el proyecto de Ley Admisión Justa promueve la exclusión por la vía de selección académica de las “mejores manzanas” para que vayan a un cajón distinto y exclusivo, que lo convierte en una opción excluyente para el resto.
No necesitamos más expulsión y exclusión para favorecer a algunos sino que más y mejor educación para todos.
Columna publicada en Cooperativa el 26 febrero de 2019 – Ver en este enlace