Al amparo de la violencia política la dictadura cívico-militar junto con desmantelar los avances en materia de Educación Pública inició un proceso hacia la privatización del sistema educacional, instaurando el papel subsidiario del Estado.

Se disolvieron las escuelas normales y el Estado entregó la responsabilidad de los establecimientos educacionales a las municipalidades locales. La brecha de desigualdad se intensificó, el sistema educativo se mercantilizó, atrás quedó el interés por las escuelas rurales.

Bajo un discurso de “modernización”, la dictadura provocó cuatro grandes cambios que sentaron las bases del sistema educativo hasta la actualidad: 

Constitución de 1980: Se redefine el marco regulatorio y el Rol del Estado en la provisión de educación, además de reordenar la priorización de derechos educativos. Se integra la figura del sostenedor (municipios y agentes privados) como proveedores del servicio educativo.
Se instala una nueva lógica de financiamiento a través del voucher o subsidio a la demanda. Se reestructura el sistema educativo en Educación Superior facilitando el ingreso de proveedores privados.

La lógica tras las políticas impulsadas desde la década de los 80 se conocerá como Nuevo Management Público (NMP) que desplaza la discusión desde lo pedagógico al ámbito de la gestión. Se incorporan prestadores privados para proveer servicios públicos, así como el uso de pruebas estandarizadas de medición de aprendizajes.

Esta reforma no solo fue una manera de generar un mercado educativo y disminuir la incidencia del Estado en garantizar los derechos sociales, sino que significó el desmantelamiento de la Educación Pública.

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