Autoridades, especialistas y estudiantes analizaron el aumento de la violencia en contextos escolares y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia respuestas preventivas, formativas y democráticas, superando enfoques centrados exclusivamente en la sanción. ¿Cómo enfrentar la violencia escolar sin reducir la respuesta al castigo? ¿Qué rol tienen las comunidades educativas, las políticas públicas y la participación estudiantil en la construcción de espacios seguros? Estas fueron algunas de las preguntas que marcaron el seminario “Convivencia Escolar y Derechos de la Niñez: desafíos para una convivencia escolar democrática más allá de enfoques punitivos”, organizado por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (EduInclusiva) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Defensoría de la Niñez. La actividad, realizada en la Salón Quinto Centenario de la Casa Central PUCV, reunió a autoridades universitarias, representantes del sistema educativo, académicos, estudiantes y profesionales del ámbito público para reflexionar sobre los desafíos actuales de la convivencia escolar desde una perspectiva centrada en los derechos de niños, niñas y adolescentes. El panel estuvo integrado por Anuar Quesille, defensor nacional de la Niñez; Macarena Morales, investigadora de EduInclusiva PUCV; y Antonella Ipinza, estudiante del Liceo Pedro Montt y consejera electa del Consejo Local de Valparaíso. La jornada contó además con la participación de David Contreras, vicerrector de Vinculación con el Medio de la PUCV; Guillermo Pérez, jefe (S) del Departamento de Participación y Vinculación Territorial del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso y Poliana Espinosa, gerenta del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Violencia escolar: prevenir antes que castigar Uno de los ejes centrales del seminario fue el debate sobre las políticas públicas en convivencia escolar y los límites de enfoques exclusivamente sancionatorios. El defensor nacional de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que el aumento de denuncias por convivencia escolar y situaciones de violencia exige respuestas más integrales, centradas en la prevención y no solo en el castigo. “La violencia que vemos en las escuelas no aparece de manera aislada ni espontánea. Muchas veces refleja trayectorias de vulneración de derechos, exclusión social y ausencia de apoyos que terminan impactando también en la convivencia escolar. Si solo respondemos desde la sanción, sin comprender las causas y sin acompañamiento, difícilmente vamos a resolver el problema”, afirmó. Quesille enfatizó además la necesidad de legislar sobre la base de evidencia y no únicamente desde la reacción frente a casos de alto impacto mediático. “Las políticas públicas deben construirse con evidencia, prevención y participación. No basta con endurecer sanciones si no existen mecanismos efectivos de apoyo, protección y continuidad educativa para niños, niñas y adolescentes. Además, cualquier estrategia debe considerar su voz, porque participar en decisiones que afectan sus vidas es un derecho y también una condición para construir mejores respuestas”, sostuvo. Recuperar una autoridad pedagógica sin miedo La investigadora Macarena Morales abordó uno de los debates más presentes en la discusión pública: la autoridad en la escuela y la percepción de pérdida de respeto hacia docentes. En la instancia planteó que el desafío no es volver a modelos disciplinarios basados en el temor, sino fortalecer una autoridad pedagógica legítima, respaldada institucionalmente. “Que hoy ya no sean aceptables formas de autoridad sustentadas en el miedo no significa que la autoridad docente no sea necesaria. Lo que necesitamos fortalecer es una autoridad pedagógica basada en reglas claras, apoyo institucional, relaciones respetuosas y condiciones que permitan a los profesores ejercer su labor con respaldo y seguridad”, explicó. Asimismo, advirtió que los reglamentos escolares deben conservar una función formativa y no transformarse únicamente en herramientas burocráticas o sancionatorias. “La escuela necesita protocolos, normas y mecanismos de protección, especialmente frente a situaciones graves. Pero el desafío es que esos procedimientos sigan teniendo sentido educativo, permitan actuar oportunamente y fortalezcan la convivencia, en lugar de transformarse solo en respuestas administrativas o defensivas”, indicó. La voz estudiantil en la toma de decisiones La estudiante del Liceo Pedro Montt y consejera electa del Consejo Local de Valparaíso, Antonella Ipinza, destacó la relevancia de generar espacios donde las y los estudiantes participen activamente en decisiones sobre educación y convivencia escolar. “Muchas veces se habla sobre nosotros, pero no con nosotros. Por eso estas instancias son importantes, porque nos permiten expresar cómo vivimos la convivencia escolar y aportar desde nuestra experiencia. Los estudiantes tenemos derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones que afectan nuestra educación”, señaló. Universidad y trabajo colaborativo para fortalecer la convivencia escolar La actividad se enmarca en el trabajo conjunto que EduInclusiva PUCV y la Defensoría de la Niñez han desarrollado, especialmente a través de la sede regional Valparaíso, impulsando espacios de formación, investigación y reflexión interdisciplinaria vinculados a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, el vicerrector de Vinculación con el Medio de la PUCV, David Contreras, destacó el rol de la Universidad como articuladora de diálogos sobre problemáticas sociales emergentes. “La convivencia escolar enfrenta desafíos cada vez más complejos, desde conflictos cotidianos hasta situaciones de bullying o violencia física que afectan profundamente a niños, niñas y adolescentes. Frente a ello, la Universidad tiene la responsabilidad de abrir espacios de encuentro, reflexión y diálogo con la sociedad, contribuyendo a pensar respuestas colectivas para problemáticas que hoy preocupan a las comunidades educativas”, señaló. “Como institución, buscamos que estos espacios estén disponibles para reunir distintas voces, compartir evidencia y fortalecer el trabajo conjunto frente a desafíos sociales complejos”, puntualizó.
