Vicente Sisto y Eduardo González
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva
Esta semana la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, sin recibir audiencias, aprobó de modo exprés el proyecto de ley que fragmenta la educación pública, ya aprobado por el Senado (Boletín N° 18.551-04). El texto permite que los municipios que lo soliciten permanezcan indefinidamente administrando la educación de su comuna, renovando esa autorización año a año. Con ello se consolidará un sistema educativo fragmentado. Llama la atención que una transformación tan radical no haya recibido audiencias ni se discuta públicamente: tramitado con urgencia calificada de “discusión inmediata”, la Comisión escuchó solo a la ministra de Educación y al subsecretario, sin un solo invitado externo, y vota ahora en la Sala, probablemente este lunes.
Esa permanencia indefinida no estaba en el proyecto original. El Mensaje presidencial, ingresado en agosto, extendía de 2035 a 2040 el plazo de cierre para toda excepción municipal: una fecha, al menos, existía. Fue la Comisión de Educación del Senado la que, mediante la indicación 22 -de los senadores Rojo Edwards, Gustavo Sanhueza y Cristián Vial-, eliminó ese plazo y lo reemplazó por una renovación “sucesiva” sin tope: el municipio podrá mantener la administración educativa año tras año, de manera indefinida, sin que la ley fije jamás una fecha de término. Esa indicación no fue parte del debate público que acompañó el ingreso del proyecto, el Senado lo aprobó y la Comisión de Educación de la Cámara la ratificó sin discusión.
Para que un municipio pueda seguir renovando su permanencia, el proyecto exige que muestre “resultados superiores” a los del SLEP de su territorio en logros de aprendizaje. Pero esa comparación no es justa. Los primeros SLEP no partieron en igualdad de condiciones: se instalaron en los territorios donde la educación municipal estaba peor, precisamente porque eran los que más necesitaban ayuda. Sus resultados no son comparables. Así lo advierten los propios autores que el Mensaje cita para justificar el proyecto (Chumacero & Letelier, 2025). Por eso, comparar a los SLEP con los municipios que se quedaron administrando – justamente, por tener mejores resultados de antemano- no mide quién gestiona mejor. Mide, simplemente, quién partió más arriba. El Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública lo confirma: sus indicadores “tampoco son aptos para evaluar comparativamente la efectividad entre SLEP” (2026, p. 14).”
A eso se suma que los SLEP operan bajo restricciones financieras, previsionales y de gestión de personas que la Ley N° 21.819 no resolvió en lo sustantivo, y que generan la “diferencia perjudicial entre los SLEP y el resto del sistema educativo” (Izquierdo & Pacareau, 2023). Mientras esas condiciones no se corrijan, cualquier comparación premiará estructuralmente al municipio, no porque gestione mejor, sino porque compite en condiciones desiguales. Y el proyecto no hace nada por corregirlas: exige a los SLEP superar al municipio, pero no les entrega las herramientas para competir en igualdad de condiciones.
La NEP nació, precisamente, para cerrar el daño que produjo la fragmentación municipal, y su instalación empieza a mostrar resultados. La evaluación internacional encargada por el propio Congreso a PNUD y UNESCO muestra que la NEP permitió “superar algunas de las debilidades estructurales del modelo municipalizado, especialmente en términos de fragmentación” (PNUD & UNESCO, 2026, p. 33). Y el Ministerio de Educación mostró que los 15 SLEP en régimen el 2025, pese a haber partido desde los territorios en peor pie, se recuperaron entre 2022 y 2024 más rápido que el sistema nacional: la asistencia aumentó 3,2 puntos (frente a 2,9), la inasistencia grave bajó 11,8 puntos (frente a 9,8) y el SIMCE de 4° básico subió 13 puntos en Lectura y 17 en Matemática (frente a 11 y 14) (Ministerio de Educación, Centro de Estudios, 2025, pp. 5-9). Son datos descriptivos que desmienten la narrativa de un fracaso generalizado
Una renovación indefinida, aprobada sin audiencias y sin plazo de término, no es una excepción transitoria: es fragmentación distribuida en el tiempo, administrada caso a caso. El proyecto pasa ahora a la Sala de la Cámara, última instancia antes de que esta fragmentación, administrada por ley, se consolide sin haber sido discutida públicamente. Lo que corresponde no es dejar que los municipios con mejores condiciones se retiren indefinidamente del sistema único, sino exigir que sus buenas prácticas se incorporen a los SLEP, y que estos reciban las atribuciones que hoy no tienen para competir en igualdad de condiciones. Ponerle patines a los SLEP, no prolongar la fragmentación.
Esta aprobación exprés, además, no está sola. Avanza a la par de (a) un proyecto de presupuesto 2027 que debilita financieramente a los SLEP ya instalados (Sisto et al., 2026); (b) la tramitación acelerada del Boletín N° 16.743-04, que facilita que sostenedores privados abran nuevos establecimientos, habilitando arriendos de plazo indefinido -hoy transitorios- y extendiendo los plazos para seguir arrendando a personas o entidades relacionadas con el propio sostenedor; y (c) del Boletín N° 18.389-04, que modifica el Sistema de Admisión Escolar para permitir la selección académica desde séptimo básico. Ninguno de estos tres proyectos ha tenido un debate público proporcional a su alcance. Juntos configuran, con fundamentos discutibles, una contrarreforma que avanza exactamente en la dirección que la OCDE (2004) y la evaluación que el propio Congreso encargó a PNUD y UNESCO (2026) identifican como dañina para la educación pública: más fragmentación y más desigualdad entre quienes administran. Legislar así, sin que nadie lo discuta, sobre algo que ya sabemos cómo termina, es un riesgo que el país no puede permitirse.
Para mayor información: https://eduinclusiva.cl/wp-content/uploads/2025/08/PB-LosDesafiosdeFortalecerlaNEP-11082025-3.pdf