DECLARACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
UN NUEVO PACTO SOCIAL
La protesta social y las manifestaciones pacíficas representan las voces del pueblo, de quienes
viven en Chile reclamando una vida digna, justa y equitativa. La equidad, la justicia y la
inclusión social son valores universales y derechos de la ciudadanía, son deberes mutuos entre
Estado y ciudadanos, y principios de articulación de los sistemas de gobierno y de las políticas
públicas. Poniendo el foco en los valores de equidad, justicia e inclusión social podemos
entender por qué “no se trata de 30 pesos sino de 30 años”.
Más de treinta años de injusticias e inequidad en las múltiples esferas de la vida: en la
distribución de ingresos, en las pensiones, la salud, el transporte, la vivienda, los servicios
básicos y, especialmente, en la educación. La inclusión en la educación y en la sociedad es un
valor público esencial, en el mismo sentido en que la educación -y concretamente la educación
pública- es un derecho ciudadano. Educarse, aprender, participar ciudadanamente y graduarse
de la escuela regular son aspiraciones mínimas legítimas y un cimiento esencial de la concordia
y cohesión social. Sin embargo, a muchos estudiantes de grupos minoritarios se les sustraen
estos derechos, haciéndolos responsables de un problema que es social, económico y político:
un problema país.
Como investigadores somos conscientes -y contamos con evidencia- de que la discriminación,
la segregación y las distintas formas normalizadas de exclusión generan y perpetúan un ciclo
de frustración y violencia en el que todos perdemos. También sabemos que es posible transitar
desde formas de enseñanza altamente punitivas, disciplinarias y excluyentes a nuevas
relaciones basadas en una ética del cuidado, donde las comunidades puedan diseñar su propio
futuro. El camino hacia una educación inclusiva implica visibilizar las distintas formas de
discriminación, segregación y exclusión para poder construir de manera ciudadana las
condiciones y las vivencias de una convivencia democrática en el presente y en el futuro.
Como Centro de Investigación para la Educación Inclusiva reafirmamos el derecho de la
ciudadanía a expresarse, manifestarse y protestar pacíficamente por sus derechos y por sus
demandas sociales; y rechazamos toda trasgresión, conculcación y criminalización de dicho
derecho. Por ello, instamos a nuestras autoridades a deponer las formas autoritarias, punitivas
y violentas de gestión del conflicto social y anular tanto el estado de emergencia y excepción
como los toques de queda impuestos a la ciudadanía. Necesitamos que tanto el gobierno como
la clase política se abran al diálogo entre ellos y con los ciudadanos. Necesitamos un nuevo
pacto social que -reconociendo la dignidad humana y al otro como igual- se sostenga a través
de la priorización de la equidad, la inclusión social y el bien común como valores públicos y
principios rectores de todas las políticas sociales y económicas, a cuyo servicio ponemos la
voluntad y trabajo de nuestro Centro.
Viña del Mar, Chile, 22 de octubre de 2019.
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