por Ramiro Catalán Pesce, Investigador Centro de Investigación para la Educación Inclusiva
El proyecto de Ley de Migraciones enviado al Congreso en las últimas semanas surge como una respuesta del Estado chileno al fenómeno migratorio que se ha intensificado en Chile desde comienzos del siglo XXI. Para distintas organizaciones sociales y comunitarias, autoridades políticas, investigadores y académicos este proyecto no reúne las condiciones suficientes para enfrentar como país el desafío de problemáticas diversas y complejas como las asociadas con la migración internacional que se ha hecho palpable en las últimas dos décadas.
Parte de esas críticas ahondan en el carácter de judicialización que permanece en el tratamiento con respecto a los procesos migratorios que desarrolla este proyecto de ley. Lo que lleva a plantearse si es más una ley de extranjería 2.0, que un proyecto integral que complejice y ponga sus esfuerzos en plantear una mirada de país sobre nuestra sociedad inmersa en procesos de cambio. Dejando, por el contrario, la percepción de que su énfasis fundamental radica en normar el status legal de las personas que han llegado a vivir a nuestro país.
La ausencia de un enfoque global, reflexivo, comprensivo y práctico se evidencia de manera clara en el ámbito educativo, rozado tan solo tangencialmente por el proyecto de ley. Puesto que, aún garantizando el acceso a la educación de las niñas, los niños, y jóvenes pertenecientes a familias en situación migratoria, no plantea explícitamente las políticas educativas requeridas para favorecer su inclusión educativa. Probablemente porque este proceso es más complejo que el solo acto normativo de garantizar el ingreso a los establecimientos educacionales de un/a estudiante.
El desafío de construir espacios escolares inclusivos donde se desenvuelvan las niñas, los niños, y jóvenes en un ambiente de convivencia que favorezca y fomente sus aprendizajes no es una labor paralela a la búsqueda de acceso, equidad y calidad en la educación, debiera ser consustancial a ese horizonte de sentido que la sociedad civil ha planteado como demanda desde distintos ámbitos, por ejemplo, desde los movimientos estudiantiles y docentes.
En ese sentido, hay una oportunidad latente en esta coyuntura de discusión del proyecto de ley sobre migraciones, para superar una mirada fragmentaria que pareciera pensar el tema de la migración, primero como un problema, y segundo como un asunto “de los migrantes”. Cuando en realidad se está pasando por alto una reflexión sobre el tipo de sociedad que queremos construir.
Aquí es donde se hace relevante la discusión con respecto a cómo plantear procesos educativos inclusivos que se sustenten en una formación en ciudadanía y también en favorecer el diálogo intercultural en las aulas, patios y espacios escolares, pero no con un afán de focalización en las y los estudiantes migrantes, sino más bien considerándolos como parte integrante de una comunidad educativa diversa y heterogénea.
Lo anterior, entonces plantea la necesidad de discutir cómo nuestro sistema escolar puede contribuir a construir una sociedad más integrada, dialogante y respetuosa de la diversidad. Lo cuál en un contexto educativo marcadamente segregado, con episodios latentes de violencia, clasismo, racismo y xenofobia debiera ser el verdadero problema al que enfrentarse.
Por ello, las futuras discusiones sobre la nueva Ley de Migraciones debieran considerar como un aspecto clave no sólo la integración de los estudiantes de familias migrantes a las instituciones escolares, sino que también plantear una reflexión sobre lo educativo en un escenario social cambiante como el actual. Donde se juegan procesos de diferencia, homogenización y adaptación que se convierten en un necesario desafío para pensar la inclusión educativa desde contextos escolares que plantean una multiplicidad de voces, historias e identidades.
No caer en la tentación de plantear una educación ‘para los migrantes’ sino que reflexionar en cómo es posible generar un espacio educativo inclusivo para las niñas, los niños y jóvenes de familias en situación de migración, y también para los estudiantes chilenos, que considere, valore y haga partícipe de los procesos pedagógicos a sus conocimientos, experiencias y sentidos de vida que la historia personal y colectiva de cada uno de ellos ha desarrollado.