Autora: Silvia Redon, investigadora principal de la Línea Ciudadanía y Educación del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Columna publicada en La Tercera el 6 de noviembre de 2019.
Frente a las diversas demandas ciudadanas –que desde el 18 de octubre se han escuchado a viva voz en las calles de todo el territorio chileno con una masiva convocatoria– el Gobierno ha respondido con una serie de propuestas legales intentando atenuar una protesta social sin precedentes. Entre las diversas acciones impulsadas, ha manifestado especial interés en acelerar la aprobación de la Ley de Sala Cuna Universal. Lo que subyace a esta iniciativa es una política que propende a debilitar y amenazar la Educación Pública en Chile.
La sala cuna está reconocida oficialmente como el primer nivel educativo. Sin embargo, esta Ley – amparada por el Ministerio de Trabajo y no por el de Educación– tiende a comprender la sala cuna como “guardería” para madres trabajadoras y no como el primer y más relevante eslabón pedagógico en la vida de un ser humano. Desde el desarrollo evolutivo y las neurociencias está demostrado que educar a niños y niñas en los primeros años de vida produce una explosión exponencial en el sistema nervioso central y en las diversas habilidades para la vida futura. Tener una mala educación inicial es incluso peor que no tenerla.
Chile ha venido desarrollando diferentes normativas que tienen que ver con elevar los estándares en la educación infantil, que se vinculan con indicadores de infraestructura, programas pedagógicos, personal profesional, material didáctico y espacios verdes para la educación infantil. No está claro cómo esta Ley resguardaría estos estándares que son difíciles de concretar ni las exigencias a los y las profesionales para ejercer un rol pedagógico en la sala cuna. Considerando que hoy existe un déficit de más de 7 mil profesionales en educación especial, este retroceso conceptual es muy riesgoso. Además, al contemplar la atención sólo hasta los dos años se fracturaría la trayectoria educativa de los párvulos, generando un vacío en la continuidad pedagógica.
Aprobar esta Ley implica retroceder en los altos indicadores de calidad con que cuentan instituciones de prestigio mundial como JUNJI e INTEGRA, que han desarrollado programas que destacan por su calidad educativa en un marco de justicia social, reuniendo a niños y niñas de diversas clases sociales bajo una excelente y oportuna propuesta pedagógica, profesional y pública, es decir, plenamente universal.
En lo que a financiamiento se refiere, actualmente las empresas que contratan a más de 20 mujeres tienen la exigencia de cubrir la sala cuna. En contraposición, con esta Ley este derecho se perdería, recayendo la obligación en la ciudadanía a través del pago impuestos (0,1%), cuantiosos recursos que serían administrados por una sociedad anónima, compañía de seguro o incluso una AFP. Junto con generar un nicho de utilidades para la sociedad anónima administradora también generararía una lógica mercantil de vouchers, en donde privados administrarían las guarderías y obtendrían ganancias con recursos estatales. En resumen: la Ley impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera atenta contra la Educación Pública planteando que la sala cuna ya no será un derecho sino un beneficio pagado por todos los chilenos y chilenas al albedrío del sector privado para generar utilidades a un particular.
Una Ley para educación inicial es muy importante y requiere ser reformulada al alero de una Educación Pública de calidad. En las calles se ha escuchado fuerte a la sociedad chilena protestando en contra de un modelo neoliberal en la educación, clamando por un espacio educativo en el que se encuentre toda la ciudadanía y rechazando iniciativas que promuevan la educación como un nicho más de negocios y segmentación. La ley de Sala Cuna Universal debe ser pública o no será universal.
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