Columna de Opini\u00f3n del Investigador Emergente. Dr Juan Pablo Queupil<\/p>\n
Ha comenzado el a\u00f1o 2018 y en Chile asumir\u00e1 el pr\u00f3ximo marzo un nuevo presidente. Como era de esperar, la pol\u00edtica educativa estuvo presente en cada uno de los debates que precedi\u00f3 la elecci\u00f3n de la centro-derecha, representada por Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, quien va por su segundo mandato, luego de que su primer gobierno haya desbancado a la centro-izquierda, liderada por Michelle Bachelet. Curiosamente, esto se repite por segunda ocasi\u00f3n.<\/p>\n
En los \u00faltimos 45 a\u00f1os, estos dos bandos pol\u00edticos han estado demarcados por el hito hist\u00f3rico del golpe de Estado de 1973, encabezado por el ya fallecido General Pinochet, quien a\u00fan pareciera tener una presencia en varios asuntos nacionales, reflejada en la imposici\u00f3n de reformas en educaci\u00f3n, salud, sistema de pensiones, e incluso en la constituci\u00f3n chilena, entre otros \u00e1mbitos de acci\u00f3n.<\/p>\n
Dentro de este ambiente post-elecciones presidenciales y de cambio de gobierno, no es sorpresa que la educaci\u00f3n siga siendo una tem\u00e1tica en la primera l\u00ednea de la pol\u00edtica p\u00fablica chilena. Es claro que existe un consenso sobre los beneficios de una sociedad m\u00e1s educada, trayendo consigo efectos positivos en la econom\u00eda, aspectos culturales, en la movilidad social, entre otros, analizados ampliamente por la literatura. Sin embargo, el retorno a la democracia en Chile, en los inicios de los a\u00f1os \u201990, ciment\u00f3 a los bandos pol\u00edticos mencionados con dos posturas y visiones de la educaci\u00f3n, en una dicotom\u00eda que se ha mantenido por casi cinco d\u00e9cadas. Adem\u00e1s, como efecto de todo lo anterior, cabe considerar que Chile es uno de los pa\u00edses con mayor inequidad y segregaci\u00f3n social y educacional en el mundo (Valenzuela, Bellei & De Los R\u00edos, 2010), lo cual no se ha logrado sortear y m\u00e1s bien se ha incrementado.<\/p>\n
As\u00ed, desde que la dictadura impuso un modelo neoliberal para la educaci\u00f3n, como lo ha resumido Atria (2014), la dicotom\u00eda en Chile radica en entender la educaci\u00f3n como un bien de mercado versus un derecho social. Si bien la presidenta Bachelet ha intentado llevar adelante un cambio de paradigma hacia esta \u00faltima noci\u00f3n de c\u00f3mo entender y comprender la educaci\u00f3n, esto no est\u00e1 declarado de forma expl\u00edcita en la Constituci\u00f3n chilena heredada por la dictadura, y lo que pareciera ser a\u00fan m\u00e1s anecd\u00f3tico, el electo presidente ha expresado expl\u00edcitamente su inclinaci\u00f3n por lo primero, igualmente matizando su discurso ante su inminente segunda elecci\u00f3n.<\/p>\n
Por ello, llama la atenci\u00f3n que a\u00fan no ha sido abordado apropiadamente el debate sobre qu\u00e9 entendemos por el derecho a la educaci\u00f3n en Chile. Si bien esta es una frase que aparece en cada proyecto de ley dentro de la reforma educacional impulsada por la presidenta Bachelet, m\u00e1s bien pareciera ser concebida en t\u00e9rminos de \u201cun ideal\u201d o una visi\u00f3n de algo deseable (al menos declarativamente), y no como algo garantizado para los ciudadanos chilenos. Tal vez el m\u00e1s optimista podr\u00eda aseverar que, a trav\u00e9s de diversos mecanismos o programas, es un anhelo de recuperar un derecho usurpado por la dictadura. As\u00ed, entre estos \u00faltimos esfuerzos destacan la Ley de Inclusi\u00f3n Escolar (Ley N\u00b020845, 2015), la reciente ley del nuevo sistema de educaci\u00f3n p\u00fablica (Ley N\u00b021040, 2017) y la gratuidad de la educaci\u00f3n superior \u2013hasta ahora s\u00f3lo para los seis deciles m\u00e1s pobres de la poblaci\u00f3n, y en instituciones acreditadas\u2013. En este sentido, si consideramos s\u00f3lo esta \u00faltima iniciativa, estar\u00edamos lejos de afirmar que la educaci\u00f3n es un derecho universal, pues adem\u00e1s debemos considerar que en Chile hay miles de personas endeudadas por d\u00e9cadas, tras haber obtenido cr\u00e9ditos y pr\u00e9stamos para cursar sus estudios superiores. Parad\u00f3jicamente, la educaci\u00f3n superior era gratuita (no involucraba pago de aranceles) antes de la dictadura, igual que la mayor parte de la educaci\u00f3n p\u00fablica escolar.<\/p>\n
El propio Atria (2014), abogado constitucionalista de profesi\u00f3n y ferviente militante de la izquierda chilena, ha asegurado que la educaci\u00f3n tiene dos dimensiones:<\/p>\n
Bajo la primera, educaci\u00f3n es lo que se provee al ciudadano en cumplimiento de su derecho; se trata aqu\u00ed de la educaci\u00f3n como derecho social. La segunda dimensi\u00f3n de la educaci\u00f3n se desprende del hecho que hay algo importante (p\u00fablico) en las instituciones que proveen educaci\u00f3n y en la forma en que lo hacen (p. 125).<\/p>\n
Se trata entonces de un debate que debiera incorporar la comprensi\u00f3n de qu\u00e9 se entiende por ciudadan\u00eda y de \u201clo p\u00fablico\u201d. Incluso m\u00e1s, Atria destaca que, al contrario de la educaci\u00f3n escolar, el caso de la educaci\u00f3n superior en Chile debe ser tratado de forma diferente, considerando la autonom\u00eda que (todav\u00eda) gozan sus instituciones. Sobre todo si se tiene en cuenta que \u00e9sta podr\u00eda variar a medida que se incremente la cantidad de universidades que reciben aportes p\u00fablicos directos o indirectos, aspecto que todav\u00eda est\u00e1 en discusi\u00f3n en un actual proyecto de ley. En el \u00e1mbito internacional, RESULTS, ONG de Estados Unidos, cre\u00f3 un \u00edndice del derecho a la educaci\u00f3n -Right to Education Index-, el cual es comparativo entre diversas naciones, donde Chile ocupa el \u00faltimo lugar, superado incluso por pa\u00edses como Zimbabwe o Tanzania en aspectos tales como gobernabilidad, disponibilidad, accesibilidad, aceptaci\u00f3n y adaptabilidad.<\/p>\n
A su vez, si se habla del derecho a la educaci\u00f3n, no puede dejarse de lado su innegable valor p\u00fablico. As\u00ed, por ejemplo, diversos factores del tipo \u201cno acad\u00e9mico\u201d, usualmente asociados con el rendimiento escolar, son aspectos transcendentales de la educaci\u00f3n, tales como la formaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda, el clima escolar, la motivaci\u00f3n y el compromiso con el aula y la escuela, entre otros. En las \u00faltimas d\u00e9cadas, diversos investigadores han afirmado que el valor p\u00fablico de la educaci\u00f3n radica en que los factores mencionados desempe\u00f1an un rol importante para que los ni\u00f1os y j\u00f3venes se desarrollen plenamente como ciudadanos cr\u00edticos y sean actores relevantes en la sociedad. En la pr\u00e1ctica, \u00e9sto implica pasar de una l\u00f3gica donde prima el individualismo y los intereses de las personas como entes aislados, a una donde se prioricen la cooperaci\u00f3n y los intereses comunes. Adem\u00e1s, y por sobre todo, cambiar las pol\u00edticas de focalizaci\u00f3n de recursos a ciertos grupos de la poblaci\u00f3n a uno de universalismo que beneficie a la sociedad como un todo.<\/p>\n
Lo anterior pareciera tener un v\u00ednculo con los paradigmas de los bandos pol\u00edticos predominantes en Chile, pero siempre bajo un modelo neoliberal imperante en los \u00faltimos 45 a\u00f1os. As\u00ed, por ejemplo, este ha implicado que el Estado cumpla b\u00e1sicamente \u00a0un rol subsidiario de la demanda por educaci\u00f3n de acuerdo al status socio-econ\u00f3mico de sus solicitantes. En otras palabras, los colegios reciben recursos econ\u00f3micos en base a la cantidad de estudiantes y de acuerdo al porcentaje de asistencia a clases del alumnado, generando una serie de incentivos perversos, afectando los factores acad\u00e9micos y no acad\u00e9micos del proceso de ense\u00f1anza-aprendizaje en el aula. Recientes leyes han tratado de corregir estas \u201cfallas de mercado\u201d con un prisma basado en el concepto de \u201cinclusi\u00f3n\u201d, prohibiendo, entre otras medidas, la discriminaci\u00f3n arbitraria de la admisi\u00f3n de las escuelas trav\u00e9s de la mencionada Ley N\u00b020845. As\u00ed, se ha tenido que recurrir a corregir las reglas del mercado a trav\u00e9s de un sinf\u00edn de normativas y regulaciones, en un marco donde no se logra conciliar el pleno derecho a la educaci\u00f3n.<\/p>\n
Se advierte entonces que el Estado chileno sigue cumpliendo un rol subsidiario, ayudando a los segmentos de la poblaci\u00f3n con menores recursos, con regulaciones tales como la \u201cgratuidad\u201d en la educaci\u00f3n superior, o hasta hace pocos a\u00f1os, la pol\u00edtica de\u00a0vouchers<\/i>\u00a0para que estudiantes asistieran a la educaci\u00f3n privada-subvencionada. Lo anterior ha experimentado una eliminaci\u00f3n paulatina, aspirando a que las familias de menos recursos matriculen a sus hijos e hijas a escuelas p\u00fablicas sin pagar ni un solo peso. En el debate, esto ha sido entendido por la centro-derecha como una trasgresi\u00f3n flagrante del derecho a elegir la educaci\u00f3n que quieren los padres para sus ni\u00f1os y ni\u00f1as. Por su parte, la centro-izquierda argumenta que dif\u00edcilmente una familia de bajos recursos socioecon\u00f3micos puede elegir una educaci\u00f3n privada, asociada usualmente a altos est\u00e1ndares de calidad, pero que involucra un alto costo econ\u00f3mico relacionado con pagos de matr\u00edcula y otros gastos asociados. As\u00ed, el pa\u00eds aspira a algo mayor que el propio derecho a la educaci\u00f3n, expresado en el derecho a una educaci\u00f3n de calidad, lo cual, como era de esperar, tambi\u00e9n se ha vuelto un anhelo que aparece en diversos proyectos de ley, discursos y promesas inocuas. Si a ello se le suma el ideal de lograr una educaci\u00f3n equitativa e inclusiva (en su m\u00e1s amplio sentido de la palabra), estamos ante un cambio radical de paradigma, al menos en t\u00e9rminos declarativos, y solo el tiempo dir\u00e1 si efectivamente se lograr\u00e1n estos y otro nobles objetivos y metas educacionales.<\/p>\n
De hecho, en t\u00e9rminos de educaci\u00f3n primaria, secundaria y terciaria, destaca la amplia cobertura que se ha alcanzado a nivel nacional (Hern\u00e1ndez,\u00a0Arteaga, Hern\u00e1ndez & Lagarda,2017). Sin embargo, diversos estudios han mostrado que, en t\u00e9rminos de calidad \u2013puntajes en pruebas estandarizadas\u2013, la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de colegios, vale decir, \u201coportunidades educativas\u201d, est\u00e1 lejos de ser equitativa, y mucho menos cercana a la poblaci\u00f3n vulnerable (Rodr\u00edguez, 2016).<\/p>\n
As\u00ed, el debate sobre el derecho a la educaci\u00f3n tiene varias aristas: pol\u00edticas, sociales, t\u00e9cnicas, administrativas, pero sobre todo interpretativas, pues m\u00e1s all\u00e1 de qu\u00e9 tipo de instituci\u00f3n (p\u00fablica o privada) es la que provee la educaci\u00f3n en cierta localidad, no debe olvidarse que la educaci\u00f3n tiene un valor intr\u00ednseco que contribuye a la comunidad en una serie de aspectos que son importantes para el colectivo social. De no abordarse primeramente este punto, el riesgo de no lograr una educaci\u00f3n de calidad, gratuita, inclusiva y equitativa para todos puede incrementarse en proporciones tales, que puede mermar el futuro de varias generaciones de estudiantes. Es de esperar que en Chile el debate alcance la altura de miras necesaria para que el proyecto pa\u00eds en t\u00e9rminos educativos sea realmente un derecho expl\u00edcito y garantizado para cada uno de sus ciudadanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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